Género y urbanismo: ¿dónde estamos?

Han pasado más de 30 años desde mi interés inicial en el tema del género en el urbanismo, despertado cuando era estudiante en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y allí en Estados Unidos se estaban produciendo las primeras aproximaciones académicas al tema. En estas tres décadas he trabajado con innumerables instituciones y colegas, españolas y extranjeras. Desde que el Instituto de la Mujer financió las primeras investigaciones sobre género y urbanismo en una universidad española, las que dirigí en el Departamento de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de Madrid a partir de 1999, hasta los trabajos profesionales que actualmente desarrollamos desde la Cátedra UNESCO de Género de la Escuela de Arquitectura de Madrid para múltiples instituciones públicas y privadas españolas e internacionales, el camino ha sido largo y difícil, pero extraordinariamente fructífero.

Han sido muchas las compañeras con las que hemos hecho este recorrido, muchas de ellas también pioneras en sus países, como las arquitectas Teresa Boccia, Franziska Ullmann, Mario Roberts, y tantas otras, en España, Europa y otros continentes. Con ellas hemos recorrido el camino que nos ha traído al punto en que nos encontramos hoy. Entre las instituciones que han contribuido decisivamente al proceso de trasladar las investigaciones a la práctica, es indispensable mencionar al Gobierno Vasco, la Junta de Extremadura, la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Irún, y ADIF. Todas ellas han jugado un papel pionero en implementar políticas, leyes, planes, proyectos y programas urbanísticos y territoriales con perspectiva de género. En el ámbito internacional, entidades como el Banco Inter Americano de Desarrollo, ONU-Habitat con AGGI su Grupo Asesor de Género, y el Banco Mundial, son todos ellos organismos que han abierto caminos para explorar cómo trasladar esas primeras investigaciones a la práctica.

Porque el urbanismo actual responde desproporcionadamente a las realidades vitales de las personas, mayoritariamente hombres, que desempeñan un empleo remunerado y no tienen responsabilidades de cuidado de otras personas, una idea que se puede ilustrar muy bien con el concepto de “movilidad del cuidado” que desarrollé en 2008 en un trabajo para el entonces Ministerio de Fomento. Se trata de una categoría paraguas que permite cuantificar y visibilizar los viajes realizados por motivos vinculados a la reproducción de la vida (el cuidado de otras personas y el mantenimiento del hogar), que mayoritariamente hacen las mujeres. Los motivos estándar normalmente utilizados por las encuestas de transporte infravaloran estos viajes, que están subsumidos y dispersos en muchas pequeñas categorías: visitas, paseos, compras, otros. La categoría “movilidad del cuidado” como motivo de viaje es un ejemplo de cómo el análisis de género nos permite construir nuevas visiones de las necesidades diversas de las personas en la ciudad, que marcan un camino para reconsiderar las prioridades de las políticas urbanas y de transporte.

Hoy, al integrar en el urbanismo y el transporte las dimensiones de género, lo que hacemos es avanzar un paso más. Porque hoy, el elefante en la habitación de nuestras ciudades, son las madres trabajadoras, las cuidadoras de personas mayores, las mujeres cabeza de familia, las que limpian casas y oficinas en horarios intempestivos. Todo ello lo ha puesto meridianamente claro la pandemia. Después de la pandemia, la perspectiva de género debe ser la herramienta que permita la construcción de ciudades más justas e inclusivas, que acojan mejor la vida de las personas que cuidan a los demás.

Aunque todavía incipiente en la práctica real, el hecho es que, de una posición minoritaria y marginal, el género se ha convertido en estos últimos tres o cuatro años en un tema relevante del debate profesional actual en España. Este cambio radical ha sido propiciado en primer lugar por varias sentencias judiciales que, aplicando la legislación vigente, anularon planes generales por carecer de evaluaciones de impacto de género. En segundo lugar, ha influido sin duda el cambio respecto al feminismo, que, de ser un movimiento visto con malos ojos por una gran parte de la población, ha pasado a lo contrario, a ser adoptado como algo positivo por una opinión pública mayoritaria.

En estos cinco últimos años hemos pasado de la investigación a la acción profesional e institucional, apoyada en el amplio despliegue legislativo de años precedentes, en la investigación académica y en el activismo feminista de las asociaciones. Desde el año 2002, con la Ley Urbanística de Andalucía que fue la primera en integrar cuestiones de género, ha habido un buen número de acciones legislativas, tanto a nivel estatal como autonómico, que proporcionan el marco de referencia para la acción.

Las experiencias de integración del género en el urbanismo que se han desarrollado hasta la fecha en distintos lugares del territorio español abordan prácticamente todos los temas sectoriales relevantes para el urbanismo, desde la vivienda, el transporte, el espacio público, a los equipamientos y los lugares de empleo. Existen ya también experiencias pioneras a variadas escalas de planeamiento: desde la territorial, como son las Directrices de Ordenación del Territorio del País Vasco, a la municipal, como el Plan General de Irún o la Modificación del Plan General de Madrid para la Operación Madrid Nuevo Norte, a la del barrio, como son los innumerables procesos participativos en barrios realizados en muchas ciudades españolas.

Desde un punto de vista cuantitativo, sin embargo, las herramientas aplicadas con mayor frecuencia se corresponden todavía con instrumentos de tipo voluntario: los talleres participativos y metodologías similares que se usan para recoger ideas y prioridades de las mujeres en los barrios, como los llamados paseos de Jane, por Jane Jacobs, popularizados en estos últimos años, o las marchas exploratorias de seguridad según la metodología desarrollada en Canadá hace tres décadas. No existen todavía experiencias que puedan propiamente calificarse como actuaciones urbanas de iniciativa pública más allá de algunos proyectos piloto, un tipo de actuaciones que, además se encuentra en declive generalizado desde hace décadas en todo occidente. También son todavía pocas las experiencias de planes urbanísticos en sus distintas escalas. Dado el momento inicial de integración de las dimensiones de género en el urbanismo, no puede sorprender que los instrumentos menos costosos, tanto en lo económico, como en lo político y en lo técnico, sean los que más se hayan usado hasta la fecha.

Desde algunos ámbitos se argumenta que la participación ciudadana es el camino principal para la consecución de un urbanismo y unas ciudades feministas. Yo discrepo de esta opinión.
Los posicionamientos actuales que abogan por la participación como herramienta principal para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres en el urbanismo se pueden situar en marcos teóricos de referencia desarrollados en Estados Unidos en los que el urbanista deja de ser fundamentalmente un tecnócrata al servicio de la administración, para vincularse a organizaciones de base local que median entre el Estado, la sociedad civil y los agentes económicos, a menudo en oposición a estos últimos y también al Estado. Estos modelos han sido desarrollados en países de cultura política liberal y pluralista con una fuerte sociedad civil bien organizada que ya describió Tocqueville en el siglo XVIII.

Aquí querría dejar algunos breves apuntes a las limitaciones de estos planteamientos. Por un lado, es necesario hacerse ciertas preguntas, como, por ejemplo: ¿Cuál es el contenido normativo de la agenda de los distintos movimientos sociales? ¿El derecho a ser diferentes o el derecho a separarse? ¿En qué medida lo que resulta coherente intelectualmente, y bueno, para un grupo, entra en conflicto con lo que resulta coherente y bueno para otro grupo? ¿Cómo se define el bien común, cuando se parte de enfatizar lo que separa a grupos concretos, y se da prioridad a la diferencia sobre la unidad, en lugar de dar prioridad a lo que puede haber de compartido? ¿Cómo se decide qué prima entre objetivos encontrados? ¿Es la diferencia un valor en sí, o hay valores comunes a los seres humanos que deben tener preeminencia sobre ésta?

Si el procedimiento y la diferencia priman sobre una idea de valores normativos universales, potencialmente todo es igualmente válido. Si la transparencia del proceso democrático, la inclusión y el derecho a la diferencia constituyen el valor máximo, saldrá ganando quien mejor utilice las reglas del juego, independientemente de la bondad de sus fines. Será en última instancia un puro juego de poder. Los procesos participativos pueden fomentar actitudes egoístas y miopes, como el llamado nymbismo, y a menudo hacen al proceso de toma de decisiones rehén de intereses particulares que poco tienen que ver con opciones urbanísticas equitativas, eficientes, o sostenibles.

Cabría considerar varias cuestiones entrelazadas, que marcan el alcance y los límites a la efectividad de los procesos participativos en el urbanismo. Por un lado, está el tema de la escala más allá del nivel del barrio donde se desarrolla la vida cotidiana. El ámbito sustantivo y espacial de los procesos urbanísticos sujetos a participación es importante. Es extremadamente difícil que los procesos participativos desde abajo aborden los grandes temas urbanísticos de manera amplia, sistemática, y solvente, tanto por la complejidad de su temática, como por su escala espacial, que marcan la dificultad técnica de conocer las implicaciones de todo tipo de las posibles alternativas por parte de personas sin conocimientos técnicos.

Por otra parte, los procesos participativos en las actuales sociedades modernas, en períodos de estabilidad política, social y económica, se desarrollan en un entorno jurídico, legal e institucional, al que en última instancia debe trasladar sus resultados cualquier proceso de participación, en forma de planes y regulaciones, para tener alguna clase de impacto real en la construcción de la ciudad. Los procesos participativos no son algo separado, independiente de la maquinaria institucional del planeamiento, sino algo necesariamente integrado en esta maquinaria.
Es también de ese entorno legal e institucional del que normalmente obtienen sus fuentes de financiación y de legitimación los agentes que gestionan los procesos de participación. Este es el caso por ejemplo de los numerosos procesos participativos desarrollados en Cataluña al amparo de la Ley de Barrios de 2004.

En nuestras modernas sociedades europeas solo los agentes que representan a grupos económica o políticamente poderosos disponen de los recursos que les pueden permitir una actuación de amplio alcance al margen de los recursos públicos, lo cual tiene, en última instancia, varias derivadas: la primera, una posible dependencia de la propia administración pública; la segunda, una menos deseable obediencia a intereses económicos o políticos particulares. En otras palabras, la única manera viable de actuar desde esta posición es si no se necesita tener ingresos para vivir. El contexto norteamericano desde el que escriben los principales teóricos de la participación en el urbanismo es ligeramente diferente, pues allí existe un potente tercer sector que no obtiene sus ingresos de las arcas públicas, sino de donantes privados filantrópicos que a veces financian este tipo de actuación profesional.

Desde mi punto de vista, la integración de la perspectiva de género en el urbanismo va mucho más allá de gestionar procesos participativos en los barrios. Por el contrario, exige una plena institucionalización de las dimensiones de género en el gobierno del territorio, a todas las escalas, y haciendo pleno uso de todos los poderes públicos urbanísticos a disposición de las administraciones, desde los legislativos, pasando por los planes a todas sus escalas, la inversión y acción pública directa en todos los ámbitos sectoriales relevantes, por los instrumentos disuasorios e incentivadores, hasta la panoplia de instrumentos “soft”, voluntarios, de creación de consenso, conciencia, formación, y difusión, entre los que se inscribe la participación.

Si bien la transversalización de género en el urbanismo español es un proceso que se encuentra todavía en sus inicios, la variedad de experiencias desarrolladas, en cuanto a diversidad de herramientas, sus tipos, los temas abordados, así como las escalas de los planes y proyectos desarrollados, permite ya vislumbrar cuál puede ser el alcance de unas políticas amplias y sistemáticas para la transversalización del género en el urbanismo y el transporte. En esas políticas la participación será uno de los instrumentos, integrado en una amplia panoplia de otras herramientas que hagan uso en toda su capacidad, de todos los poderes públicos al servicio de la construcción de la ciudad. Será necesario un gobierno del territorio que integre de manera normalizada las dimensiones de género y las realidades de las vidas de las mujeres en la ciudad.